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Los socios de PORTOBELLO de Sánchez Asiain fueron cesados fulminantemente hace 10 años de ibersuizas y denunciados

Iñigo Sánchez-Asiain Mardones fundador de PORTOBELLO y sus socios Ramon Cerdeiras Checa y Juan Luis Ramirez proceden del equipo gestor de Ibersuizas donde fueron cesados y denunciados en el 2010 por la familia propietaria Garcia Baquero por sus prácticas irregulares, como publicó en su día Cinco Días.
 
La firma de inversión Ibersuizas denunció y emprendió acciones legales contra Sanchez-Asiain, Cerdeiras y Ramirez por “el incumplimiento continuado de los más elementales deberes como consejeros de las sociedades del grupo, así como de sus obligaciones contractuales como gestores de los fondos administrados".
 
Ibersuizas tuvo que dar plenos poderes a Jorge Delclaux para recomponer la grave situación frente a sus inversores en la que la dejó Sánchez-Asiain como publicó en su día El Confidencial.
 
Justamente esta situación de guerra total dió lugar a que naciera hace 10 años la firma PORTOBELLO la cual vive un verdadero calvario judicial por la infinidad de pleitos que tienen sus más de 14 participadas y en las cuales prevalece el modus operandi de Sánchez Asiain y sus socios de PORTOBELLO.
 
Recordemos que como venimos informado en DiarioYA el empresario Jose Alvarez, ex-propietario de clínicas Unidental, ha denunciado al Fondo PORTOBELLO fundado por Iñigo Sánchez-Asiain ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 13 de Madrid por incumplimiento de los contratos de compra venta de sus 150 clínicas de Unidental a Vivanta en Julio de 2017 y donde reclama 2 millones de Euros a Portobello.
 
Asimismo el empresario Ignacio MARTINEZ interpuso una querella contra PORTOBELLO por estafa, administración desleal y falsedad en el juzgado de instrucción  Nº 49 de Madrid, donde en la actualidad está pendiente que resuelva un Recurso de Apelación la Audiencia Providencial de Madrid, donde reclama cerca de 14 millones de Euros a Portobello. Además el empresario proveedor del Call Center y de la cita previa de Clínicas Vivanta reclama cerca de un millon de euros en el juzgado de primera instancia de Madrid.