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Cuando se pone al zorro a guardar las gallinas: Colau y Carmena dan la nota

Miguel Massanetl Bosch. Es evidente que lo que está sucediendo en nuestra patria no podemos achacarlo más que a los propios españoles que, en muchas ocasiones, tienen el concepto equivocado de lo que son unas elecciones y suelen anteponer los que les dice el corazón a lo que les recomienda la razón y, eso, en los casos en los que le dan a ésta la posibilidad de intervenir porque, en la mayoría de los casos, se vota por intuición, por lo que les dicen los otros o por las antipatías, en muchas ocasiones inducidas, en contra de formaciones a las que se les tiene inquina.

Así las cosas, no es raro que los resultados de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 24 de Mayo hayan supuesto, para los intereses de España y de los españoles, uno de los fiascos mayores que se podían esperar, aún para los ciudadanos más pesimistas y agoreros. Se ha producido en nuestro país un cambio que, si no fuera tan grave para los intereses de la nación, hasta se podría considerar curioso. No es que se haya pasado de unos gobernantes conservadores, liberales o de derechas a un centro democrático o a una izquierda centrista; no, no señores, se ha dado un giro de 180º por el que, el vuelco experimentado por nuestro marco político en el control de autonomías y municipios, ha sido tal que la mayoría de ellas han quedado en manos de los extremistas, antisistemas, comunistas y progresistas, de tal modo que, gracias al apoyo de partidos como el PSOE del señor Pedro Sánchez o de los mismos Ciudadanos del señor Ribera; han quedado con las manos libres para poder entrar a saco en las instituciones, nombrar para dirigirlas a quienes se han mostrado más agresivos en contra del sistema capitalista y entregar en manos de agitadores profesionales, resentidos incapaces e ignorantes aupados a cargos públicos, que exigen conocimientos preparaciones superiores a los que poseen.

Las consecuencias no han tardado en salir a la luz y, muchas de ellas, con el sello inconfundible de quien le da una batuta para dirigir una orquesta a un chimpancé de pelo rojo. Y hete aquí, señores, que el circo se ha puesto en marcha y los nuevos ayuntamientos en manos de la izquierda han iniciado su andadura recortando libertades, disminuyendo el control de los delitos y restando autoridad a las fuerzas de orden público mientras, por otra parte, ha empezado el vigilancia de la propiedad priva, la intervención pública en los derechos de la propiedad reconocidos en nuestra Constitución y las interferencias municipales en lo que es la propiedad y la economía privadas, con normas que vienen atentando gravemente a la libertad de mercado, a la libre iniciativa privada y al funcionamiento, sin obstáculos, de nuestras empresas.

Si la señora Colau, imprudentemente, impartió órdenes a los municipales por las que se les impedía actuar en contra de los manteros, ahora viene recogiendo los frutos de su política permisiva, cuando los propios manteros, convencidos de su impunidad, no sólo se enfrentan a pedradas con la policía haciéndola huir de forma vergonzosa, sino que, envalentonados, ya se han constituido en mafias que no dudan en enfrentarse directamente contra quienes les intentan desalojar de los puestos en los que han instalado su negocio ilegal, que perjudica a los comerciantes que pagan religiosamente sus impuestos para ejercer, sin competencia ilegal, sus propias actividades comerciales.

Y si, la alcaldesa de Barcelona decidió, sin consultar a nadie capaz de hacerle ver su error, dictar una moratoria por la que se impedía poner en marcha nuevas instalaciones hoteleras, perjudicando a todas aquellas que esperaban abrir este verano para aprovechar la temporada alta para su negocio. O si ha emprendido una persecución implacable sobre aquellos que alquilaban alguna habitación de sus pisos, aprovechando la venida de turistas o, todavía peor, está empezando a meterse con los cruceros de turismo que arriban al puerto de Barcelona, dejando cientos de miles de euros o incluso millones que van a parar a hoteles, restaurantes, comercios etc. de la capital catalana; ahora, con el pretexto de que saturan la ciudad y molestan a sus vecinos, quiere limitar su venida. O, señores, si como ha empezado a hacer, intenta multar a todos los que tengan pisos vacíos en la ciudad, empezando por bancos como el BBVA, Banco de Sabadell y la propia Sareb (una entidad creada para intentar vender los pisos que los bancos se tuvieron que quedar por falta de pago de las hipotecas para intentar recuperarse de la devaluación que la crisis económica causó en todo el sector inmobiliario). Una multa que, para empezar, es de 5.000 euros por piso vacío, con el proyecto de irla aumentando hasta los 500.000 si pasa el tiempo y no se alquilan.

Veamos como se entiende este disparate, que entendemos que ataca directamente el derecho de propiedad y de libre disposición de sus bienes, en este caso mercancías, que todos sabemos que si son ocupadas y, más si se entregan a personas que paguen alquileres bajos, el precio de venta de estos inmuebles cae de una forma exponencial  cuando se ofrecen a la venta. El derecho a ejercitar la función social de la vivienda no puede significar nunca un atropello a la propiedad privada, una imposición y una intervención respecto a una entidad que ha tenido que hacerse cargo de unos inmuebles muy en contra de sus intereses y que ha sufrido reestructuraciones internas para intentar equilibrar sus balances.

Se dice que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de 6.000 pisos públicos que estarían indicados para que los ocuparan quienes los necesitaran, si es verdad que hay tantos solicitantes como se dice, que los precisan ( la alcaldesa de Madrid dijo que había 22.000 niños mal alimentados y cuando se investigó sobre el tema resultó que ya existía un plan confeccionado por Ana Botella ocupándose del problema pero, por añadidura, según desveló ABC, resulta que sólo 600 niños se apuntaron para recibir alimentos en los comedores abiertos en la capital de España). Interferir en los negocios de particulares significa intervenir en sus planes de negocio  y, en consecuencia, en los derechos de los accionistas a conseguir sacar el mayor provecho de sus inversiones. Muchos accionistas no son personas ricas ni, seguramente, tienen los mismos sueldos que las alcaldesas de Barcelona y Madrid.

Una concejal del Ayuntamiento de Madrid, Montserrat Galcerán, firmó la orden de acallar el ruido que una caseta del grupo Colectivo 1.984 (izquierda radical cercana a Podemos) que fueron advertidos por la policía de que había pasado la hora y que debían apaga los altavoces. Ellos se negaron varias veces hasta que la policía intervino para hacerse cargo del aparato de música, a lo que los ocupantes se opusieron, tiraron a un agente al suelo y le arrojaron una valla metálica encima, causándole daño en las piernas, siendo baja. La concejal, después de hablar con el encargado de la caseta, se dirigió al jefe de la Policía Municipal que había intervenido en los hechos y “con muy malos modos” les recriminó que hubieran intervenido el equipo de música, acusándoles de abuso de autoridad. Cuando le enseñaron la orden firmada por ella misma dijo que tenía un “completo desconocimiento de la normativa” incluso de lo que ella misma había firmado. Error tras error, incompetencia y absoluta ignorancia, aparte de actuar de una manera completamente absurda e inconveniente, al llamar la tención y desautorizar a la policía en público. Esto, señores, son las acreditaciones que vienen exhibiendo estos nuevos concejales y parlamentarios que llegaron con la pretensión de “salvar” a España de los conservadores, representados por el PP y estos serán lo mismos, si no espabilamos, que van a acabar por hacernos regresar a la situación de finales del 2.011, si se les permite seguir con sus procedimientos, mamados del más puro y duro comunismo bolchevique.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos menos que sentirnos profundamente alarmados ante las perspectiva de que, esta deriva que se inició con la llegada de Podemos al poder municipal, se extienda a las elecciones catalanas del 27S y, con el peligro de que, en las legislativas de final de año, sigamos por los mismos derroteros, lo que significaría la ruina de nuestra nación y el tirar por la borda todos los beneficios que hasta ahora hemos conseguido. Magíster dixit.
 

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